El tribunal Constitucional avala el actual modelo de formación para el empleo de empresas y trabajadores

El Pleno del Tribunal Constitucional en sentencia de 18 de diciembre de 2012 (Publicada en el BOE de 22 de enero) considera ajustado a la Constitución Española el actual sistema estatal de iniciativas de formación de demanda – formación en las empresas – y de oferta dirigida a los trabajadores.

Asimismo, considera que los órganos estatales del subsistema de Formación para el empleo son conformes a la Constitución y afirma la legalidad de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo cuestionada en el conflicto competencial planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña.

El Pleno del Tribunal Constitucional mediante sentencia 244/2012 zanja la cuestión del conflicto de competencias nº 7264-2003 promovido por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación al Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regulaba el subsistema de formación profesional continua.

La Generalitat consideraba en su demanda que el Estado había utilizado su competencia normativa en materia laboral para limitar indebidamente, e incluso invadir la competencia autonómica, manteniendo una estructura estatal de carácter centralizada.

El Alto Tribunal defiende el carácter unitario de la legislación laboral y determina que las Comunidades Autónomas únicamente disponen de una mera competencia de ejecución de la normativa estatal en materia laboral.

En su análisis, el Constitucional concluye que ninguna de las funciones atribuidas a los órganos estatales vulnera las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de formación continua.  Es destacable la referencia a la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (hoy denominada Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo) y a las Comisiones Paritarias Sectoriales al considerar que nada hay que objetar a las funciones atribuidas a las mismas.

En cuanto a las acciones de formación en empresas, incluidos los permisos individuales de formación, entiende el Tribunal que el establecimiento de un determinado modelo de financiación de las acciones de formación en las empresas es una facultad que se inscribe en el ámbito propio de la normativa laboral que el art. 149.1.7 CE atribuye a la competencia exclusiva del Estado.

En cuanto a los planes de formación de oferta estatal, el Tribunal excluye la posibilidad de una gestión descentralizada y ratifica esta iniciativa dado el ámbito territorial estatal de los beneficiarios de estas ayudas (entre los que cita expresamente los planes amparados en la negociación colectiva sectorial estatal) y el contenido de dichas acciones formativas (formación intersectorial, atención a necesidades formativas transversales, etc)

Por último, el Alto Tribunal considera que la “unidad de caja de la cuota de formación profesional” tiene por objeto garantizar la unidad financiera del subsistema de formación y su régimen económico, mediante la vinculación de sus fondos al cumplimiento de los objetivos que presiden su funcionamiento y rechaza de esta manera la impugnación al respecto realizada por la Generalitat de Cataluña.

 Nota de prensa. Fundación Tripartita  
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